Contratación Pública en República Dominicana (2026)

2026: Un cambio de arquitectura en contrataciones estatales

2026 no es "un año de reforma": es un cambio de arquitectura y de exposición en materia de contrataciones estatales en República Dominicana.

La nueva Ley 47-25 reorganiza la contratación pública como un sistema de trazabilidad y responsabilidad. Ya no estamos ante un universo donde "cumplir requisitos" bastaba para sobrevivir. La norma cambia la lógica: cada procedimiento debe dejar un rastro ordenado, verificable y defendible, desde la planificación hasta la ejecución. Y cuando algo falla, el sistema está diseñado para atribuir responsabilidades, imponer consecuencias y construir historial.

Ese cambio no es retórico. El expediente y el acto administrativo pasan al centro del régimen. Lo decisivo es que la contratación pública deja de ser un evento (la licitación) y pasa a ser una relación jurídica continua: lo que usted hace antes de ofertar y lo que hace durante la ejecución pesa tanto como la oferta.

La primera decisión inteligente: identificar el régimen que gobierna el expediente

En 2026 conviven expedientes convocados bajo marcos distintos. La Ley establece una regla de transición de alto impacto: los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia, es decir 28 de enero, y la celebración y ejecución de sus contratos continúan sujetos a la normativa vigente al momento de la convocatoria (Verbigracia, ley 340-06), incluyendo recepciones, liquidación y solución de controversias.

Quiénes están dentro del radar: el perímetro es más amplio de lo que muchos operan

Un error típico del mercado es asumir que esto aplica "a ministerios y direcciones y como mucho, a gobiernos locales". La Ley amplía el perímetro e incluye estructuras donde antes había zonas grises, como:

• Empresas públicas y sociedades comerciales con participación estatal mayoritaria
• Fideicomisos públicos
• Órganos constitucionales autónomos (Junta Central Electoral, Autoridad Monetaria y financiera, etc.)

Para órganos constitucionales autónomos, el marco admite normativa interna, pero exige respeto de principios. Para un proveedor que suple al Estado, esto cambia el mapa comercial real: hay más contratación "bajo ley", más control homogéneo y menos discrecionalidad escondida detrás del vehículo jurídico.

La puerta real del 2026: las vías que te dejan contratar con el Estado

La Ley distingue, en lo esencial, entre procedimientos ordinarios de selección y procedimientos extraordinarios o de excepción. No es una diferencia académica: cada grupo tiene su propia naturaleza, sus reglas de juego y su nivel de exposición. Cambian los plazos, el tipo de verificación, el margen de subsanación y el terreno real donde se ganan o se pierden impugnaciones.

Y hay un punto que, en la práctica, define la puerta de entrada antes de cualquier debate: los umbrales anuales que publica la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esos umbrales, junto con el tipo de entidad, el renglón (bienes/servicios u obras) y el monto estimado, determinan cuál procedimiento corresponde y, por tanto, qué exigencias dominarán el expediente.

Procedimientos ordinarios de selección

Licitación pública

Sigue siendo el tronco del sistema para contrataciones de mayor complejidad. Consiste en competir en abierto, con evaluación integral y una decisión que debe poder sostenerse "con expediente", no con explicaciones. En RD, esto aparece en obras de infraestructura (acueductos, redes, tanques, vialidad), energía y obra civil mayor, compras tecnológicas críticas (software institucional, data center, ciberseguridad) y bienes y servicios complejos con impacto social y operativo para las instituciones Estatales.

Regla práctica: en licitación pública, la oferta ganadora no es la más "bonita"; es la que resiste un análisis estricto del expediente, línea por línea, y su taza documental muestra coherencia con la realidad material.

Licitación pública abreviada

No es solo "más rápida". Es una licitación con plazos comprimidos, pensada para competir sin un calendario largo cuando el objeto es razonablemente estandarizable. En RD la verás en equipos y suministros estándar, adquisiciones recurrentes y servicios de alcance simple y repetible.

El golpe aquí es el tiempo: la ventana corta no perdona improvisación. Error típico dominicano: correr a última hora y subir un paquete con certificaciones al límite, poderes "flojos", documentos vencidos o anexos que no cuadran entre sí.

Subasta inversa

Aquí la competencia se decide por puja: la entidad fija condiciones y especificaciones, y el precio se ajusta en tiempo real dentro del canal electrónico. En RD suele encajar en bienes comparables y de especificación estable: consumibles y materiales estándar, luminarias/cables y componentes comunes, insumos repetitivos.

El riesgo dominante no es jurídico: es operativo y económico. Un número mal puesto, una puja por reflejo o una coordinación lenta entre comercial y finanzas se traduce en pérdida inmediata… o peor: en ganar por debajo de tu costo y terminar incumpliendo, con expediente y sanción.

Sorteo de obras

Es una selección por sorteo entre oferentes habilitados, pensada para obras donde el comparativo técnico se simplifica y el filtro real es la capacidad de ejecutar. En RD suele verse en bacheo por tramos, aceras y contenes, reparaciones y mantenimientos de infraestructura menor.

El riesgo real es "ganar y dañarte": adjudicarte una obra sin músculo (personal, equipos, caja, suplidores y logística) te empuja al incumplimiento y te deja huella en el historial.

Contratación simplificada

Es una vía más ágil para compras y obras dentro de umbrales, pensada para reducir fricción procedimental cuando la complejidad es menor o el objeto está bien cerrado. La línea roja es el encuadre del objeto. Cuando una entidad intenta meter "lo especializado" como si fuera "común/estandarizable" sin justificación defendible, el expediente queda vulnerable desde el nacimiento.

Contratación menor

Es la vía expedita para compras de menor cuantía, orientada a eficiencia sin renunciar a trazabilidad mínima. El error típico es creer que "por ser menor, es informal". Ahí es donde más empresas se malacostumbran y luego se sorprenden.

Las vías que están reordenando el mercado

Contrataciones conjuntas

Se trata de compras agrupadas donde dos o más instituciones consolidan demanda y condiciones en un solo proceso. El riesgo es el empaquetamiento: se elevan exigencias de logística, tiempos, garantías y capacidad financiera.

Convenios marco y Tienda Virtual

Funcionan como un "catálogo contractual": se seleccionan proveedores y condiciones para bienes/servicios comunes y estandarizados de uso frecuente. El riesgo en RD no es "perder un proceso"; es quedar fuera del canal donde se ejecuta el gasto recurrente.

Asociación para la innovación

Es la vía para contratar desarrollo cuando la necesidad no está resuelta por soluciones disponibles en el mercado. El riesgo es prometer sin poder demostrar. Aquí no basta un PowerPoint: te piden capacidad real de I+D, equipo acreditable, plan de pruebas, gestión de riesgos y entregables verificables.

Contratación en atención al resultado

Aquí el Estado no paga solo por "hacer" o "entregar"; paga por resultado probado. El riesgo es la medición: el pleito no será si trabajaste, sino si pudiste probar la implementación de mejoras o resultados.

El expediente no es "una carpeta": es el arma y el riesgo

El Reglamento aterriza la regla que cambia el juego: el procedimiento genera un expediente administrativo único, ordenado, que integra actuaciones, informes, comunicaciones, decisiones, notificaciones, contrato y ejecución.

También exige un acto interno de aprobación del pliego antes de la convocatoria, con identificación clara del objeto, el procedimiento y el valor referencial, además del pliego definitivo.

Si tú eres proveedor sofisticado, esto se traduce en una disciplina simple: lo que no está documentado, no existe. Lo que no existe, no te protege.

Procedimientos de excepción

La contratación por excepción está prevista para supuestos específicos y tasados. Su efecto práctico es que el procedimiento puede flexibilizarse, pero a cambio el expediente debe soportar una carga mayor de justificación: explicar con precisión la causal, demostrar por qué aplica al caso y dejar trazabilidad completa de la decisión.

Emergencia

Se utiliza cuando existe una situación que rompe la normalidad y requiere respuesta inmediata bajo una declaratoria formal. Clave práctica: que la declaratoria esté incorporada al expediente y que el objeto contratado esté directamente vinculado a la causa.

Urgencia

Opera cuando existe una situación imprevisible y concreta que exige actuar de inmediato para asegurar la continuidad del servicio. Clave práctica: en RD la urgencia debe narrarse con hechos verificables (evento, impacto, riesgo, imposibilidad de calendarizar).

Exclusividad y proveedor único

Aplica cuando por la naturaleza del mercado solo un proveedor puede suplir el bien o servicio en condiciones válidas. Clave práctica: el expediente debe incorporar evidencia objetiva de exclusividad y verificación de mercado.

Garantías: el filtro automático que más descalifica

Las garantías importan porque son el requisito que más elimina oferentes por errores formales y el mecanismo que más consecuencias económicas deja en ejecución. En RD, un fallo en la póliza (monto, vigencia, beneficiario, emisor o condiciones) te saca del proceso aunque tengas la mejor oferta; y si el contrato se complica, la garantía es la primera herramienta que la institución usa para cubrirse.

MIPYMES y participación de mujeres: no es "capítulo social", es ingeniería del mercado

La ley nueva incrementa la reserva para Mipymes y mipymes mujeres del 20% al 30% del presupuesto de compras de las instituciones contratantes. La participación de MIPYMES y empresas lideradas por mujeres se robustece y pasa a ser una herramienta práctica para que la contratación pública sea más competitiva y eficiente:

• Abre mercado
• Multiplica oferentes
• Reduce dependencia de pocos suplidores
• Mejora tiempos de entrega cuando el pliego está bien lotificado

Sanciones e implicaciones penales: el tramo donde se pierde empresa, reputación y libertad

La Ley 47-25 y su Reglamento (Decreto 52-26) ponen la contratación pública en modo "rastro": cada decisión debe poder explicarse, y cada dato debe poder probarse. Cuando ese rastro falla, el sistema no solo rechaza ofertas: activa recursos, investigaciones y sanciones.

Hechos que te pueden cerrar el mercado:

• Retirar una oferta o renunciar a una adjudicación sin causa
• Incumplir o cumplir tarde/defectuoso
• Entregar calidad inferior
• Obstaculizar inspecciones
• Subcontratar o ceder sin autorización
• Cambiar personal clave sin permiso
• Colusión (ofertas coordinadas)
• Usar información confidencial
• Participar estando inhabilitado
• Presentar documentos falsos o alterados al RPE o en el proceso

Responsabilidad patrimonial

Aun con sanciones administrativas o penales, puede abrirse la vía de daños y perjuicios por actuación u omisión administrativa antijurídica incluida la disminución del patrimonio institucional.

Traducción de gobernanza: compliance aquí no es un manual para adornar; es control de cadena documental, autorizaciones, comunicaciones y evidencia de precios, calidad y ejecución. La empresa que lo entiende compite mejor y duerme mejor.

Conclusión operativa

En 2026, la pregunta correcta no es "¿puedo participar?". Eso lo responde cualquiera que cargue documentos en el portal transaccional de la DGCP.

La pregunta que separa empresas serias de empresas expuestas es esta: ¿puedo participar y ejecutar sin exponer mi capital, mi reputación y a mis decisores a un expediente que, si se mira con hostilidad, no resiste?

Si lo que buscas es competir con ventaja y, al mismo tiempo, blindarte frente a riesgos administrativos y penales, la asesoría no es un lujo: es un instrumento de gobernanza.